¿A quién respondía Elizabeth Rosa Alzogaray, la presunta jefa de la organización de falsos gestores del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu)?

En el Concejo de la Capital, ni los ediles del bloque Tucumán Crece-PJ ni los de Cambiemos asumen haber gestionado su contratación. Sin embargo, la mujer -detenida desde el domingo, sospechada de estafas reiteradas- tuvo un cargo político allí entre febrero y octubre de 2016.

Javier Aybar, que está alineado al intendente Germán Alfaro (Cambiemos) y presidía el cuerpo vecinal en aquel entonces, le confirmó a LA GACETA que su puño estampó la rúbrica que habilitó la polémica designación.

Alzogaray tuvo un cargo en el Concejo en 2016

“Un concejal me pidió el nombramiento de esta señora. No soy yo quien la solicitó. Pero como era presidente, firmaba todas las designaciones y decretos internos”, sostuvo el peronista disidente. Cuando este diario le consultó de quién se trataba, Aybar prefirió no develar el nombre. “Era un miembro del bloque Tucumán Crece-PJ”, se limitó a responder. Y aclaró: “sé que está interviniendo la Justicia, y me pongo a disposición de lo que requiera la investigación; por eso no voy a decir quién fue el concejal que la solicitó, no me parece prudente si no es ante la Justicia”.

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David Mizrahi, jefe de la bancada que responde a la Casa de Gobierno, negó los dichos del ex titular del Concejo. “Ningún integrante del bloque Tucumán Crece solicitó la designación de esta señora”, aseveró a LA GACETA. Y descartó que ese espacio haya tenido vínculos con la sospechosa. “Lo único que sabemos a ciencia cierta, y a través de los medios periodísticos, es que trabajó en el Concejo durante unos meses en el 2016, durante la gestión del presidente anterior”, agregó el alperovichista.

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En 2015, cuando era interventor del Ipacym, Mizrahi había expresado en Facebook su apoyo a la cooperativa de Alzogaray, llamada “Nuevo Amanecer”. “En nuestra actividad, nos relacionamos con mucha gente que no conocemos en profundidad y que ni seguimos viendo luego, a la que nos proponemos ayudar. Esta señora fue un caso entre los cientos de cooperativistas que hemos visitado a lo largo de estos años de apoyo a diferentes emprendimientos. Es lamentable esta situación por la que se ven afectados tantos ciudadanos en su buena fe; ojalá que esto se esclarezca lo antes posible y que la Justicia meta preso a quien corresponda”, argumentó el concejal peronista cuando LA GACETA le consultó al respecto.

Hace dos semanas, el Ipvdu, a cargo de la interventora Noemí Ferrioli, advirtió a la ciudadanía que “personas inescrupulosas” se estaban haciendo pasar por gestores de viviendas sociales.

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Según coinciden decenas de denuncias, una organización presuntamente encabezada por Alzogaray pedía documentación personal y desde $4.000 para garantizar una casa en Manantial Sur, Lomas de Tafí o Yerba Buena. Hay quienes aseguran haber entregado hasta $100.000. Cada “coordinador” administraba un grupo de WhatsApp, que tenía por título “Nuestro Sueño”. Al parecer, desde hace semanas se venía postergando la entrega de los inmuebles. Hasta que estalló el escándalo de los falsos gestores.

El fiscal Diego López Ávila (estuvo de feria en la segunda quincena) sospecha que la supuesta asociación ilícita tenía nexos políticos. De hecho, Alzogaray presumía en las redes sociales de sus fotos y sus actividades con referentes de primera línea del oficialismo provincial.

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Esta semana, López Ávila envió un oficio al Concejo para que se informe si la sospechosa trabajó allí y a quién respondía. Ayer, Aybar le confirmó este diario que autorizó la incorporación, pero se desligó de la dirigente. “Yo he firmado el decreto de alta, pero a pedido de un concejal del Tucumán Crece. Tampoco creo que esté metido en esto ese concejal. Pobre gente la que está protestando por esta supuesta estafa. Yo no conocía a la mujer, y tampoco sabía que se dedicaba a estas cosas, pero el concejal que la pidió sí la conoce y él me pidió que le diera de baja”, agregó el ex presidente del cuerpo vecinal.

Mientras el PJ y Cambiemos se acusan por la designación, el fiscal también tiene la lupa sobre el Ipvdu. Los entrecruzamientos de llamadas, las pericias sobre los celulares secuestrados el domingo y el análisis de cientos de carpetas con documentación de los afectados podrían determinar si Alzogaray tenía un nexo que le garantizaba la entrega de casas.